Los centros privados de Educación Infantil 0-3 años están a punto de desaparecer. Este sector ya estaba “herido” antes de la pandemia. El descenso de la natalidad le había afectado de lleno, además de la competencia llevada a cabo por los centros sin autorización administrativa, o las llamadas “madre de día” (mujeres que cuidan en su casa a varios niños durante la jornada laboral).
En las visitas que cada dos años hacíamos a estas empresas dentro de las campañas de prevención de riesgos laborales, nos dábamos cuenta de que de una vez a otra un número importante de centros habían cerrado.
El efecto demográfico en España es alarmante y las cifras publicadas por el INE muestran que en el primer semestre de 2020 se produjeron 168.047 nacimientos, lo que implica un descenso de un 4,2% respecto del mismo periodo del año 2019. Quizá la situación actual sea peor, y ese descenso haya aumentado como consecuencia de la pandemia, si hacemos caso a los expertos. Los pronósticos menos optimistas señalan que en el año 2050 España será el país más envejecido, por delante de Japón.
Por otra parte, como hemos señalado anteriormente, los centros sin autorización administrativa (ludotecas, madres de día…) suponen una clara competencia desleal para los centros de Educación Infantil privados. Se trata de centros que no tienen carácter educativo, y únicamente pueden prestar un servicio de atención a los niños y niñas de forma esporádica. Estos centros sin autorización no cumplen los requisitos mínimos para la apertura y funcionamiento que se les exigen a los centros de Educación Infantil tales como: requisitos de instalaciones, titulación del personal contratado, cupos máximos de alumnado, inspecciones educativas y sanitarias, normativa de accesibilidad, prevención de riesgos, etc. Estos centros que se hacen pasar como centros de Educación Infantil suponen una fuerte competencia para los autónomos y micropymes, que componen las empresas del sector de la Educación Infantil privada, que han tenido que hacer grandes inversiones para poder poner en marcha su actividad, y que debido, entre otras cosas, a la dejación de los poderes públicos que no controlan la actividad de los centros sin autorización, se ven perjudicados al tener menos alumnado.
Por eso es importante que la sociedad tenga conocimiento de las diferencias que existen entre los centros con autorización administrativa para impartir el ciclo 0-3 años de educación, y los que no la tienen. Las familias deberían informarse seriamente de los centros a los que llevan a sus hijos e hijas, y conocer las condiciones en las que se desarrolla la actividad en ellos.
Ahora, con la pandemia, la situación de crisis económica se ha agravado mucho más. Durante los meses de confinamiento estas empresas cerraron completamente, y el no poder prestar sus servicios impidió el cobro de las mensualidades a las familias. Los gastos habituales debieron soportarlos directamente la institución o el empresario. Con el inicio de curso 20/21 las cosas no mejoraron, el teletrabajo y el miedo al contagio del virus provocaron que descendiera el porcentaje de alumnado matriculado, que en algunos centros llegó a ser de un 80% menos. Sin embargo, las empresas tuvieron que realizar un desembolso importante en la compra de mascarillas, pantallas de protección, gel hidroalcohólico, así como en el resto de medidas de protección y seguridad para evitar el contagio entre un alumnado que, debido a su edad, no están obligados a llevar mascarilla y sin embargo requieren de una atención cercana en la que es imposible cumplir la distancia de seguridad.
La difícil situación económica que tienen estos centros no se solventa con un incremento del coste de la matrícula y las mensualidades a las familias. No debemos olvidar que las aulas de 0 y 1 años tienen pocos niños y niñas debido a la especial dedicación y atención que estos requieren. El sector de la Educación Infantil necesita ayudas económicas y ¡todos debemos apoyarlo! Para ello, en primer lugar, sería necesario crear una Mesa Sectorial de Educación Infantil, presidida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la que se analice la problemática existente en los centros, sus posibles soluciones y una financiación que ayude a la supervivencia de los centros de Educación Infantil Privados. La elección de centro educativos es un derecho reconocido en la Constitución Española que permite la complementariedad de la red de centros privados y públicos. Los poderes públicos deben garantizar la libertad de los padres para decidir a qué centro llevan a sus hijos e hijas, y esto solo se puede conseguir si se asegura la existencia de ambas redes.
Este sector tiene una limitada capacidad económico-financiera, por lo que necesita con carácter de urgencia la adopción de medidas fiscales, laborales y económicas que permitan garantizar el sostenimiento de los centros, el mantenimiento del empleo, altamente feminizado, cualificado y joven, de más de 50.000 trabajadoras, y la escolarización del alumnado de más de 205.000 familias.
Es importante que conozcamos las dificultades de este sector, y nos impliquemos en su defensa. ¡A todos! en algún momento nos puede surgir la necesidad de tener que llevar a nuestros hijos a un centro de Educación Infantil privado 0-3 años, por lo que necesitamos que este sector no desaparezca.
Carmen Estévez
Asesora jurídica de Escuelas Católicas