Parece muy grave que en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho se ponga “precio” a la libertad. Es decir, que se proponga que para reducir costes a la Administración ésta tenga que cercenar los derechos de una parte de los ciudadanos, en este caso los de las familias que han optado por la enseñanza concertada. Este planteamiento resultaría inaceptable socialmente en otros ámbitos del Estado como las pensiones, la sanidad, la cultura, etc.
Lamentamos que se pretenda enfrentar a la escuela pública con la concertada sobre la premisa de incrementar los fondos a aquella sobre la base de eliminar esta segunda. Entre los mandatos que la Constitución otorga a la Administración está el de garantizar el Derecho a la libertad de enseñanza y la libre elección de centro previsto en el Artículo 27 de la Constitución, dotando de fondos a todos los centros y respetando los derechos fundamentales.
La propuesta de “reducir los conciertos educativos a los estrictamente necesarios para completar la oferta educativa allí donde la escuela pública no sea capaz de cubrir toda la demanda”, resulta extremadamente demagógica y desde esa premisa se podría hacer a la inversa. Si el coste del puesto escolar en la escuela concertada es un 40% inferior a la pública, con ese mismo planteamiento si la Administración cierra o no abre aulas en la red pública se ahorraría cantidades superiores a la que se ahorra por no abrirlas o cerrarlas en concertada. Evidentemente el discurso es perverso y nuestro planteamiento siempre se ha fundamentado en que se dote adecuadamente tanto a la red pública, como a la concertada, tanto en recursos económicos, como humanos, fundamentando esta opción en el derecho de las familias a elegir el tipo de centro que mejor considere para sus hijos y en la complementariedad de ambas redes. Para poder elegir deben existir opciones, en caso contrario, estamos condenados a un “modelo único de enseñanza”.
No puede concebirse que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública. El Tribunal Supremo ya ha manifestado que este planteamiento no tiene encaje constitucional. Debe respetarse el marco constitucional de libertad de enseñanza y de complementariedad de las dos redes porque los derechos de las familias son los mismos con independencia de que opten por una u otra.
Seguiremos defendiendo, desde la colaboración y la lealtad con la Administración Educativa, los derechos de nuestros centros y de las familias que han optado por nuestra oferta educativa, denunciando cualquier agresión que desde cualquier colectivo o de manera individual se realice contra la escuela concertada, contando con todos vosotros en esta tarea.
Consuelo Sainz y José Luis Sampériz
Presidenta y Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Aragón