Hay ingenuos que creen que nunca pasa nada, que de todo se sale, que viven en un perpetuo cuento de Pedro y el lobo, en el que el grito de ¡que viene el lobo! es siempre una broma de mal gusto, un engaño, pero sin consecuencias que lamentar, y que el lobo nunca acaba de llegar…

Es cierto que la LOMLOE, la llamada Ley Celaá, pudiera parecer una ley educativa más, como tantas que ya llevamos a las espaldas. Y además es hasta del mismo perfil que las anteriores: una ley partidista, ideológica, mezquina, de confrontación, alejada de cualquier consenso. Cualquiera podría atreverse a pronosticar que su devenir podría ser el mismo que el de las que la precedieron: una vida corta y criticada.

Pero la LOMLOE, desgraciadamente para la libertad y la ciudadanía, tiene visos de no ser una ley más… sin más. En la misma se atisba un cambio de paradigma para justificar la defensa de la escuela pública única. Con ella puede emprenderse un tenebroso camino de no retorno. La LOMLOE no es que pretenda ganar la partida, es que está cambiando las reglas del juego.

Así, por ejemplo, pretende sustituir el derecho a la educación constitucional, por un inventado “derecho a la educación pública”. Con ello intentan hacernos creer que el derecho a la educación, como acceso universal a la enseñanza, solo se garantiza con las plazas en los centros de titularidad de la Administración pública, cuando lo cierto es que se garantiza en cualquier plaza sostenida con fondos públicos y, por tanto, también en los de la concertada. Es solo un engaño de trilero, pero si no se está atento, no hay manera de descubrir dónde se esconde la bolita, y la estafa parece magia. No hay que confundir garantizar la existencia de plazas suficientes, con crear plazas públicas suficientes al margen de la demanda y la necesidad, ni identificar financiar con fondos públicos, con prestar directamente el servicio educativo.

Otro ejemplo, es la insistencia de la LOMLOE en los derechos de la infancia. A priori, nada raro, quién puede cuestionar algo así. Pero claro, ¿para qué insistir tanto en algo que nadie pone en entredicho? Y ahí es donde aparece la Piedra Rosetta, que nos aclara el jeroglífico, y es que se está modificando el garante de esos derechos, que deja de ser la familia, para pasar a ser el Estado, la Administración pública. Esta se convierte en la defensora de los derechos de la infancia, incluso frente a los padres, y también, incluso frente a las decisiones educativas de los padres. En este contexto sí que se entiende la frase de la ministra Celaá de que los hijos no pertenecen a los padres, o las referencias a que los padres jamás podrían utilizar un “pin parental” o algo semejante (sin que eso suponga que nosotros estamos de acuerdo con esta opción en cualquier centro y condición), pues eso atentaría contra el derecho a la educación de los hijos…

Y otro más, el empeño de Celaá y su Ministerio, en excluir la libertad de elección de centro de la libertad de enseñanza. Todos recordamos, cómo olvidarla, la intervención tan desafortunada, en tiempo y forma, de la ministra Celaá en el último Congreso de Escuelas Católicas. En el mismo vino a decir, que la libertad de elección de las familias no forma parte de la libertad de enseñanza constitucional, aunque intentara inmediatamente tranquilizar al sector, sin conseguirlo en absoluto evidentemente, afirmando que sí que está reconocida legalmente. Y ello porque esta bajada en el escalafón conllevaría que la libertad de elección no disfrutaría de las garantías y las protecciones de las libertades constitucionales, sino de las legales, bastante menores. Y sobre todo porque lo que una ley te da… otra te lo quita. Podemos mantener la calma, porque esta propuesta es, desde una perspectiva jurídica, absolutamente inadmisible e infumable, pero el objetivo quedaba al descubierto. Bien poco ha tardado el socio de gobierno, Unidas Podemos, en pretender la desaparición de cualquier referencia a la elección de centro en la nueva ley, con sus enmiendas, alegando precisamente que la elección de las familias no debe ser un derecho, sino una mera posibilidad.

Con estos mimbres, igual la LOMLOE no resulta ser la ley definitiva, el apocalipsis, para defenestrar la libertad de enseñanza, pero sí la que abre un camino diferente y peor, de una sola dirección. Y esa vía acaba siempre en el intervencionismo público absoluto, en la escuela pública única, en el monopolio educativo del Estado… y en el adoctrinamiento.

Sin libertad de enseñanza, la sociedad será menos plural, más monocorde, más controlable, más adoctrinable… menos democrática.

Y cuando algunos se froten las manos y crean que la ley les beneficia, porque están en el poder y el monopolio les favorece, una voz interior, a modo de la conciencia que una escuela única y acrítica es incapaz de insuflar, debería recordarles que no siempre gobernarán “los suyos”, y que todos los gobiernos adoctrinan… si les dejan.

Pues eso ¡que viene el lobo!

Jesús Muñoz de Priego Alvear
Abogado especialista en Derecho Educativo
Coordinador de enLibertad
Portavoz de la campaña “Más libres, más plurales, más iguales”
@JMunozdePriego