El Preámbulo de la LOMLOE o “Ley Celaá” señala que la LOMCE no fue una ley consensuada. Utilizando un lenguaje político, fue una “ley partidista”, una ley que recogía “únicamente los planteamientos del Gobierno del Partido Popular”. Ahora curiosamente, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos pretende aprobar una nueva reforma educativa, a través del Proyecto de Ley sin consenso, sin debate parlamentario, en pleno estado de alarma, con el parlamento funcionando de forma limitada, sin posibilidad de celebrar Plenos para la tramitación de iniciativas legislativas y con un horizonte totalmente incierto, a la espera de la evolución de la pandemia sanitaria.
Y todo ello agrava aún más la incoherencia demostrada por ambos partidos desde 2016. En aquel año, desde estas formaciones políticas se urgió al Gobierno del Partido Popular a “suspender la aplicación de determinados contenidos de la LOMCE”, con el objetivo de alcanzar un gran Pacto Político y Social por la Educación. En respuesta a tal petición, el Gobierno decidió aprobar en diciembre de ese mismo año 2016, un Real Decreto-Ley, por el que se suspendieron las pruebas finales de ESO y Bachillerato, entre otras medidas, manteniéndose el esquema de la LOE en el acceso a la Universidad mediante la EBAU.
A continuación, se constituyó en el Congreso, en febrero de 2017, una Subcomisión para la redacción de un Pacto Educativo de Estado, con participación de todos los grupos parlamentarios. Dicho órgano colegiado trabajó durante todo el año 2017 y el primer trimestre de 2018, contando con la participación de más de 80 expertos en el ámbito educativo que mostraron sus propuestas de mejora. Sin embargo, de forma inesperada, en marzo de 2018, el PSOE y Podemos abandonaron la Subcomisión con el “pretexto” de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año no contemplaba un incremento de la partida de Educación, hasta el 5 % del PIB. Curiosamente, este porcentaje no lo cumplían ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y Podemos. Y después de la Moción de Censura de mayo de ese año y la proclamación como presidente de Pedro Sánchez, tampoco se incrementó el citado porcentaje en los Presupuestos Generales del Estado (el PSOE utilizó el Proyecto elaborado por el ministro Montoro).
De esta manera, quedaba claro que ni el PSOE ni Podemos querían un Pacto Educativo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque habían conseguido su objetivo previo de paralizar parcialmente la implantación de la LOMLOE. De forma inmediata conocimos la verdadera razón por la que no permitieron el Pacto Educativo: porque deseaban derogar la LOMCE y aprobar “su” ley, con sus criterios de partido, sin debate ni sometimiento a ningún Pacto de Estado.
Y de ahí nace el Proyecto de LOMLOE, una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado, que no escucha a la comunidad educativa a favor de un Pacto de Estado por la Educación.
Una Ley que pretende eliminar la demanda social en la programación de puestos escolares. Que prescinde de la elección de las familias y desea una planificación unilateral, eliminando unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías.
Una Ley que permitirá la DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR LA ADMINISTRACIÓN entre distintos tipos de centro, en contra de la decisión de los padres, bajo el pretexto del reparto “igualitario” de alumnos en situación de desventaja.
Una Ley que establece un Consejo Escolar que no simplemente controla la gestión de los fondos públicos o posibilita la participación, sino que asume funciones de órgano de Gobierno, limitando los derechos constitucionales del titular del centro y cuestionando la razón de ser del mismo: el ideario y su proyecto educativo.
Asimismo, reduce el estatus de la clase de Religión, proponiendo la ausencia de alternativa y eliminando sus efectos académicos, en contra del Artículo 27 de la Constitución, que reconoce que el objetivo de la educación es la formación integral de la persona, y de los Acuerdos vigentes entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979. Y, de forma simultánea, impone una nueva asignatura obligatoria de “Educación en valores cívicos y éticos”, no basada en principios socialmente consensuados, ni compartidos.
Por si esto fuera poco, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial, al apostar por la integración en centros ordinarios de todos aquellos alumnos que no padezcan una discapacidad grave, olvidando los derechos de los padres de estos alumnos a elegir centro educativo y el propio beneficio de los alumnos, en función de su situación personal y los recursos disponibles en cada centro.
Por todo lo anterior, solicitamos la paralización de la tramitación de la LOMLOE durante el estado de alarma y la reanudación de los trabajos para lograr el tan ansiado Pacto Educativo, que siente las bases para una nueva Ley nacida del consenso.
Luis Centeno Caballero
Secretario General Adjunto
@lcentenoc