En los últimos tiempos están cobrando actualidad expresiones como postverdad, noticias falsas (con su traducción al inglés, para hacerla más presentable) y otras parecidas. En el fondo, se trata, simple y llanamente, de engaños o mentiras que, de manera intencionada y sistemática, se quieren hacer pasar por verdades. Es sabido que una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Pero, a fuerza de reiterarla en escritos o declaraciones, puede ir calando en gran parte de la población.
Viene esto a cuento de una falsedad relativa al mundo educativo, especialmente insidiosa por la insistencia con que desde determinados sectores se está transmitiendo últimamente a la opinión pública. Se quiere construir un falso relato (otra palabra de actualidad en los más variados contextos) sobre la elaboración del artículo 27 de la Constitución y las leyes de desarrollo del mismo.
Según esta versión de la historia reciente, el apoyo económico a los centros privados contemplado en el artículo 27.9 y canalizado a través de los conciertos creados por la LODE (1985), obedecía a la insuficiencia en aquellos momentos de plazas públicas para atender toda la demanda educativa.
Nada más falso. Los Preámbulos, o exposición de motivos, de la LODE y la LOE -ambas leyes del mismo partido que ahora se dedica a difundir esta historia falsa- no contienen ninguna referencia a dicho papel supletorio de la enseñanza concertada. Es más, en el Preámbulo de la LODE se dice expresamente:
…la Ley clasifica los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica y origen y carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Distingue así los centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos con fondos públicos, y dentro de éstos los privados concertados y los de titularidad pública. A la red dual integrada por estos dos últimos tipos de centros encomienda la ley la provisión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad.
Y en el de la LOE (2006), recogiendo lo que ya se decía en la Ley anterior:
La Constitución Española reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco general de la enseñanza. Ese modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza…
Se trata, en última instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas.
Nótese que en ningún momento se habla del carácter transitorio de los conciertos mientras los centros de titularidad pública no puedan hacerse cargo de todos los estudiantes. Más bien se subraya que este modelo -dos redes, que se reconocen explícitamente como complementarias y en condiciones de igualdad- respeta y garantiza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, los dos grandes principios con los que se inicia el artículo 27.
Y, por supuesto, el texto constitucional tampoco se refiere a una situación temporal. Una Constitución, sobre todo en el tratamiento que da a los derechos y libertades fundamentales, no está pensada para solucionar un problema coyuntural o transitorio.
Pero es que, además, bastaría con recurrir a las hemerotecas (los que sean demasiado jóvenes) para conocer cómo se elaboró la Constitución y cómo se tramitó la LODE. Los que no lo somos tanto tenemos muy claramente retenidos en la memoria aquellos momentos… No nos pueden engañar.
En la escuela concertada estamos habituados -que no resignados- a soportar ciertos juicios negativos sobre la misma, que se convierten en clichés repetidos como mantras, sin ningún dato real que los avale. Pero los que trabajamos en el campo educativo sabemos de la importancia de la verdad y de la necesidad de trabajar sin prejuicios por buscarla. Es un valor asociado indisolublemente a la educación. Y por eso, quienes tienen responsabilidades en este terreno deberían ser más cuidadosos en respetarla.
José María Alvira Duplá
Secretario General de Escuelas Católicas