De manera reiterada, casi hasta la extenuación, se lanzan al aire ciertos dogmas que, como tales dogmas, pareciera que no necesitan comprobación ni verificación. Son verdades “de fe” para algunos, que se asumen por muchos como axiomas incuestionables.
Cuando esto ocurre en el ámbito de la fe y de las creencias, tiene su lógica. El problema es cuando esa actitud se extrapola a cuestiones que nada tienen que ver con la fe y que se deberían poder demostrar o al menos sostener racionalmente.
Uno de esos “nuevos dogmas ideológicos” es la afirmación extendida entre algunos que se resumen en: los problemas de la educación pública se arreglarían con los recursos económicos que se dedican a los centros concertados.
Planteado el axioma, no quiero abordar ahora esta cuestión desde los ámbitos de la libertad, los derechos de las familias, la relación entre impuestos y servicios, la necesaria pluralidad de proyectos educativos, etc. Muchos otros enfoques sobre los que poder abordar esa afirmación. Me gustaría limitarme a la cuestión de pensar en cómo la financiación de la educación, que forma parte del gasto público, redunda o no realmente en sostener ese “dogma”.
Todos los datos, con sus referencias más exactas, que comento en este artículo se encuentran en el informe “Eficiencia del gasto público. Medición y propuestas de mejora”, publicado recientemente por el Instituto de Estudios Económicos.
Hay que partir de la base de que España presenta (tristemente) un endeudamiento del sector público muy elevado (95%, en 2019). Además hay que tener en cuenta que esa situación se mantiene desde hace años. Pero es casi más preocupante observar que a pesar de haber tenido un ritmo de crecimiento económico notable en el último ciclo, apenas hemos sido capaces de reducir el déficit público. De hecho, las previsiones del Gobierno indican que estaríamos alejados al menos hasta el 2023, si se mantienen las tasas de crecimiento… claro.
No deberíamos además olvidar las constantes recomendaciones que realiza la OCDE a España para que mejore la eficiencia en su gasto público. Esta cuestión de la eficiencia, del mejor y más correcto uso de la financiación que maneja un Estado, es una cuestión de alto interés que ha generado indicadores e informes específicos de diferentes organismos (Indicadores Globales de Gobernanza, Banco Mundial, Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial, entre otros).
De todos ellos, y su análisis comparado respecto de los datos de España, se puede afirmar que si se suprimiera una pequeña parte de la brecha de eficiencia de nuestro país respecto de los promedios de OCDE y UE, el saldo de las cuentas públicas se podría situar en superávit sin tener que subir los impuestos. Pero esa es otra cuestión.
Lo que importa tener en cuenta es que el aumento de la eficacia y eficiencia se puede conseguir tanto mejorando la asignación del gasto en las diferentes políticas, como generando una mayor eficacia del gasto en cada política. Es decir, puede haber mayor “calidad” incrementando solo los recursos, o la puede haber con los mismos recursos siendo más eficientes. Es importante el matiz: mejorar no es solo cuestión del volumen de recursos económicos.
En su conjunto, el caso de la educación en España presenta unas tasas de abandono escolar y resultados no acordes con su nivel de gasto educativo. Por lo tanto, es evidente que España tiene todavía un gran recorrido para mejorar la eficiencia en materia de educación. Según Eurostat, nuestra tasa de abandono escolar es la más alta de la Unión Europea, con un 17,9% en 2018, muy lejos de la media europea (10,6%).
Si analizamos los datos del MEyFP sobre el gasto total por alumno, España gasta un 9,9% menos que la media de la OCDE y un 11,5% menos que la media europea (datos 2016). Pero si se miden los recursos destinados a educación en función de su renta, el gasto anual en educación por alumnos en porcentaje del PIB per cápita en España es similar al de la OCDE y al de la UE. Esta medida parece más adecuada en tanto que relaciona el volumen del gasto con el total de renta disponible, y no solo compara en términos absolutos el volumen de gasto.
A priori, y forma parte del “nuevo dogma ideológico”, cabe pensar que cuanto más sea el gasto en educación, mayor será la calidad del sistema y mejores los resultados obtenidos.
De ese modo, el planteamiento de quitar recursos a la educación concertada para destinarlos a la escuela pública sería una garantía para mejorar la escuela de titularidad pública.
Pero resulta que los datos no sostienen ese dogma, qué lástima. La OCDE revela que en aquellos países con un nivel bajo de gasto por alumno, que suelen ser los de menor renta per cápita, sí se consigue una mejora en los resultados de los alumnos al incrementar los recursos destinados a la educación. Pero… siempre hay un pero… a partir de determinado nivel de gasto, que la OCDE estima en 50.000 dólares de gasto educativo acumulado por alumno, no se encuentra evidencia alguna de mejora en el desempeño de los alumnos cuando se aumentan los recursos-financiación. ¡Vaya! ¿ahora qué hacemos con el dogma? “no se encuentra evidencia”… es clara la afirmación.
El caso de España: el desembolso acumulado por estudiante de edad comprendida entre 6 y 15 años asciende a 74.947 dólares (datos 2013). Por lo tanto, ¿cómo puede ser? Además, España presenta unos resultados inferiores a los que le corresponderían en función de dicho nivel de gasto-financiación. ¿Dónde estará entonces el problema…?
Además, los datos más recientes ya disponibles para España reflejan que el gasto ha aumentado hasta los 83.032 dólares… mientras que los resultados en ciencias, según PISA, han bajado desde los 493 puntos del 2015 a 483 en 2018. Hay quien pensará que no ha bajado demasiado… pero lo importante es desmontar el mito: mayor incremento del gasto, no garantiza mejores resultados. Esta reflexión lo es para el conjunto del gasto público realizado en educación. Pero por si alguien tiene curiosidad: la media para todos los alumnos en España en la esfera privada es de 3.459 dólares, y de 8.601 dólares en el ámbito público (datos OCDE 2014).
Esta reflexión la podemos extrapolar al ámbito de las universidades, por ejemplo, que también es educación. Todos sabemos que tristemente la primera universidad española en el Ranking of World Universities 2019 se sitúa entre la 151 y la 200. Curioso… no nos pasa eso entre las universidades privadas, o las escuelas de negocios… Pero esa es otra historia.
Los datos son datos, y luego la ideología es otra cosa. Parece evidente que no se puede afirmar que la mejora de la educación pública conlleva, sí o sí, la necesidad de incrementar sus recursos detrayéndolos de la financiación de los conciertos educativos. Se podría afirmar, es verdad, que eliminar los conciertos supondría garantizar alumnos a la escuela pública al margen de la libertad de elegir de las familias. Eso sí es verdad. Entonces… ¿de qué es de lo que estamos hablando realmente?
Resulta triste comprobar cómo la “gran idea” para apoyar la escuela pública pase por hacer desaparecer la escuela concertada. Y sin embargo nunca, o casi nunca, hablemos de metodologías, proyectos educativos, innovación, compromiso docente, equipos directivos, formación integral, etc… Todo eso, debe ser, que no es educación.
Javier Poveda
Director del Departamento de Administración de Escuelas Católicas