El pasado 20 de mayo, el Presidente del Gobierno presentaba con gran despliegue mediático, el Informe titulado “España 2050. Fundamentos y Propuestas para una estrategia nacional de largo plazo”. Un documento de 676 páginas en las que se desgranaban diversos estudios prospectivos a largo plazo, y se lanzaban medidas para que España estuviese a la vanguardia mundial en el año 2050.
No deseo entrar a valorar la oportunidad o la dosis de realismo y ficción que puede poseer dicho informe. Baste decir que las predicciones realizadas a 30 años son poco fiables, pues están realizadas sobre datos actuales y variables conocidas. Pero no sabemos qué otras variables aparecerán en nuestras vidas dentro de 5, 10 o 20 años y cambiarán el rumbo de la historia. A modo de ejemplo, en las predicciones económicas que se realizaron en 2018 para los siguientes años, no entró en consideración la aparición de la COVID-19 en 2020 y los efectos de la mayor pandemia mundial de los últimos 80 años.
Sencillamente, pretendo analizar los principales aspectos del Capítulo o Desafío 2 denominado “Conquistar la vanguardia educativa”, elaborado por un grupo de expertos en el ámbito educativo, fruto de su amplia experiencia y conocimiento sobre los movimientos sociales, pedagógicos y formativos en su conjunto. Y comprobar, simultáneamente, si estas reflexiones y las medidas que se proponen guardan relación con la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
Por destacar algunos elementos que me parecen importantes, el Informe señala como problema actual la “baja autonomía efectiva de nuestros centros educativos, […] y la poca profesionalidad de sus equipos directivos”. Esta realidad, sumada a la enorme intervención de la Administración educativa en el diseño y control del funcionamiento pedagógico de los centros (en temas como horarios, calendario, métodos, libertad para formas de trabajo flexible…) hace que los colegios teman “salirse” del carril impuesto por el MEFP y las administraciones educativas competentes. En este sentido, la LOMLOE vuelve a repetir los principios de fomento de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, que ya estaban contenidas en la LOE (Art. 120), siempre con la misma coletilla “en los términos que establezcan las administraciones educativas”, es decir, más vale que no te hagas ilusiones. El MEFP podía y debía haber fijado un margen estatal amplio de autonomía en los centros, porque dejarlo en manos de las administraciones educativas provocará su ineficiencia o, peor aún, una clara discriminación entre comunidades autónomas (dependiendo de su ubicación, los centros tendrán mayor o menor autonomía real).
Un segundo aspecto a destacar es el relativo al aumento de financiación. El Informe 2050 señala que “habrá que racionalizar la forma en la que se emplea”, para añadir “en nuestro país, el gasto de educación se concentra en personal docente, a menudo a expensas de la inversión en infraestructuras, personal no docente, servicio de apoyo y becas. España es uno de los países de la OCDE que menos recursos dedica a sus infraestructuras educativas”. Es este ámbito, qué aporta la LOMLOE a nuestro futuro: ¿incluye medidas para aumentar la financiación a los centros concertados en infraestructuras o equipamientos?, ¿existe alguna disposición que marque un plazo para incrementar la partida de “Otros gastos”, destinada a personal no docente?, o más concreto aún, ¿contempla una modificación de la LOE para permitir de forma clara, la imputación a la partida de “Otros gastos”, de las nuevas inversiones que el centro necesite realizar para mejorar su actividad y atención pedagógica?, ¿aparece un incremento de personal de apoyo docente y no docente? Lamentablemente, no es así.
Dentro del capítulo de financiación, el Informe añade que “en este sentido, se hace necesario cuantificar el coste real de cada plaza escolar en cada etapa formativa; algo necesario para que la financiación pública responda adecuadamente a las necesidades educativas, tanto en la red pública como en la concertada”. Asimismo, se dispone la necesidad de “abordar la brecha de financiación de la escuela concertada, cuantificando el coste real de funcionamiento ordinario y de la atención a la diversidad”. Nos alegramos por partida doble de estas frases, porque inciden en algo que EC lleva demandando décadas y, además, lo hace con mención expresa de la enseñanza concertada. Sin embargo, la LOMLOE no aporta nada nuevo. La Disposición Adicional 29ª de la LOE (2006) ya establecía el compromiso del Ministerio de Educación de cuantificar el coste del puesto escolar para adecuar la financiación pública actual. Han pasado 15 años y no se ha concluido ningún informe, ni se ha incrementado el módulo de conciertos para que cubra el coste real. Incluso, no se hicieron públicos los documentos de la Comisión que trabajó en este tema entre los años 2010 y 2011.
Otro aspecto que merece una atención prioritaria es el relativo a la natalidad. En el Informe 2050 se señala que habrá una reducción aproximada de “800.000 estudiantes de entre 3 y 15 años de edad. Esto equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019. Esta fuerte contradicción de la población estudiantil obligará a cerrar varios colegios y a reducir el tamaño de otros muchos”. Sin embargo, propone una alternativa: “se podría duplicar el gasto por alumno en Infantil, Primaria y ESO, pasando de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en 2050, sin apenas incrementar el gasto público”.
Frente a esta prospección, qué propone la LOMLOE: “Las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública” (Art. 109.5) Asimismo, establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, “elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible” (Disposición Adicional Tercera). Es decir, ante el descenso dramático de natalidad en España y la consecuente disminución de alumnado, la LOMLOE propone aumentar los puestos escolares en centros públicos, con un plan a ocho años de extensión de la Educación Infantil (0-3) pública. Y esta hoja de ruta ya aparece en el “Programa de Recuperación y Resiliencia, frente ala COVID-19”, presentado en Europa hace dos semanas: incremento de 60.000 nuevas plazas de primer ciclo de Infantil de titularidad pública, de forma inmediata.
En resumen, la LOMLOE no habla de mantener unidades y centros con menor ratio, de manera que no haya que cerrar aulas. Sencillamente, propone ante un menor número de alumnos, incremento de plazas públicas. En este momento, cuesta creerse el mantra de que la LOMLOE del PSOE-Podemos no va contra la concertada. Es verdad que no la elimina; simplemente la abandona a su suerte, como un sector no necesario, prescindible, subsidiario y de futuro incierto.
Por otro lado, el Informe sobre 2050 propone “financiar políticas en la profesionalización de la carrera docente, mejora de los instrumentos de gobernanza y creación de un sistema de evaluación eficaz”. Sin embargo, la LOMLOE no avanza en estos aspectos, se remite a futuras normas, a buenos deseos, a ausencia de evaluación de la profesión docente.
No dispongo de espacio, para hacer una comparativa extensa y completa sobre el Informe “España 2050” y la LOMLOE, ni es el objetivo de este sencillo post. Pero sí deseaba poner de relieve la contradicción que supone aprobar una reforma educativa y después elaborar y publicar un Informe con los retos a largo plazo. Parece que lo sensato sería haber presentado primero el documento, debatir de forma participativa sus propuestas con la comunidad educativa y resto de grupos parlamentarios, alcanzar un consenso adecuado y, finalmente, aprobar la LOMLOE. Es una lástima que los hechos se hayan desarrollado de manera inversa. Una nueva ocasión perdida para la educación de nuestro país y para alcanzar una reforma que nazca de evidencias y de un gran Pacto Educativo.
Luis Centeno Caballero
@lcentenoc