Desde los años 80, cuando se instauró la integración, los colegios de educación especial hemos sido tildados de segregadores. Si algo hemos sentido es que, en lugar de ser considerados como una respuesta educativa más del sistema ordinario, hemos sido apartados tanto por planteamientos teóricos, como por las actitudes de muchos profesionales de la enseñanza, políticos y parte de colectivos sociales.
En el momento actual, tras el informe de Naciones Unidas y las diversas iniciativas legislativas puestas en marcha, estas actitudes de discriminación hacia la educación especial no solo no han cambiado, sino que se han acrecentado. Vemos que en educación no se ha creado una verdadera sociedad inclusiva que “valore la diversidad como elemento enriquecedor”, no se tiene en cuenta que los colegios de educación especial también atendemos “las diversas necesidades educativas que presentan los estudiantes, de modo que puedan desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades” como otra forma de apoyo y con los ajustes necesarios.
Sé que es políticamente incorrecto, pero creo que una verdadera educación inclusiva no debe excluir o segregar ninguna modalidad, habría que hacer un estudio amplio y profundo de la realidad en cada uno de los casos, escuchar otras voces de profesionales, padres y usuarios con otros puntos de vista y, sobre todo, conocer in situ las distintas realidades, concreciones, alternativas que hoy por hoy están dando una respuesta educativa de calidad.
La verdadera inclusión educativa debe seguir el principio de equidad: dar a cada alumno la respuesta que necesita, y no una respuesta de igualdad entendida como dar a todos lo mismo. En esa respuesta equitativa, creemos que se debe contar también con los centros de educación especial como garantes del aprendizaje real de los alumnos y favorecedores de su inclusión social. La respuesta igual para todos, en todos los casos, en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, para todos los alumnos/as, no es la mejor respuesta ni la garantía para conseguir una inclusión social real de las personas con discapacidad.
Estamos en un momento en que debemos superar ese enfrentamiento que desde algunos ámbitos se está haciendo entre educación especial y educación inclusiva. Debemos defender que ambas modalidades somos complementarias y apostamos por la inclusión social, por una educación que persigue el máximo desarrollo de todas y cada una de las capacidades de los alumnos sin poner límites a ese desarrollo, que en ambas modalidades concebimos a todos y cada uno de los alumnos (con o sin discapacidad) como personas con derechos y obligaciones, personas “de primera” en todos los ámbitos.
Miren J. García
Directora Pedagógica del Colegio Mª Corredentora de Madrid