En su primera comparecencia pública como portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Celaá, respondiendo a los periodistas, señaló “La educación concertada no tiene nada que temer” con el nuevo Gobierno.

Pocos días después, el pasado 11 de julio, en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados lanzó, entre otras, la siguiente iniciativa: “Señorías, me propongo modificar el Artículo 109.2 de la LOMCE por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada “demanda social”, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada”.

El contraste entre ambos anuncios merece, al menos, tres consideraciones:

1ª.- La Ministra anuncia una reforma educativa exprés, una nueva ley -que llevará su nombre y en esto coincide con muchos de los ministros de educación de la democracia- que dará una “solución” unilateral a algunas de las cuestiones educativas que venimos arrastrando durante décadas.  Solo tiene dos años por delante -lo que resta de legislatura- y quiere marcar territorio.

Entiende, además, que esa reforma es compatible con la invitación que hace a avanzar juntos “en lugar de mirar por el retrovisor y reabrir polémicas poco sustantivas”, llegando a lo que denomina “Acuerdos por la educación”.

Unilateralidad y, al mismo tiempo, compromiso por los acuerdos en educación. Agua y aceite. O estrategia de llevar adelante una reforma sin que parezca “otra reforma”. Esta opción supone la confirmación del abandono de la senda del Pacto Escolar que el PSOE inició siendo oposición al Partido Popular. Y, a mi juicio, es una mala noticia para la comunidad educativa y para la sociedad.

2ª.- El Artículo 109.2 que cita la Ministra señala: “Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”.

Es un artículo con apariencia de “receta gastronómica” en el que se señalan los ingredientes que han de combinarse para obtener el resultado: la oferta de puestos escolares sostenidos con fondos públicos.

De esa receta la Señora Celaá quiere excluir la demanda social o, dicho de otra manera, quiere que cuando las administraciones decidan la creación o supresión de centros públicos o de conciertos no estén condicionadas por lo que quieren las familias. Esta posición suena a “despotismo”, a abuso de superioridad de la administración sobre los ciudadanos a los que debe servir, y está en las antípodas del mandato constitucional según el cual “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Art. 9.2).

3ª.- Con esos anuncios la concertada sí tiene algo que temer, es más, puede temer muchas cosas. La enfática proclamación de “La primacía de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo” que hace la Ministra, rompe el consenso constitucional en torno a la educación y quiebra el planteamiento de complementariedad de las redes pública y concertada que aparece en la Ley Maravall (LODE 1985) y que ha venido rigiendo nuestro sistema educativo y asegurando el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Y el contexto no ayuda a disipar esos temores. En los últimos dos años han vuelto a arreciar las iniciativas de algunas comunidades autónomas de suprimir conciertos a centros demandados por las familias con el objetivo de que escolaricen a sus hijos en la escuela pública. Flaco favor a la ciudadanía y flaco favor a la escuela pública. Mejor harían esas administraciones si pusieran los medios o evitaran los obstáculos para que la escuela pública desarrolle un proyecto educativo cada vez más atractivo.

Estas son las primeras iniciativas de la Ministra. La forma en que se posicione la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad puede ayudar a reforzar, matizar o cambiar el mensaje.

 

Fernando López Tapia
@flopeztapia1